“Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para competir y éste es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz”.
María Montessori.
A lo largo de la historia se han producido multitud de conflictos que han acabado con la vida de millones de personas. Actualmente, son muchos los países que están en guerra o en enfrentamientos armados, produciéndose infinidad de violaciones a los derechos humanos. Uno de los derechos fundamentales más vulnerado es el derecho a la educación.
Cuando estalla una guerra, la infancia y la juventud son los objetivos humanos que más sufren las consecuencias. El impacto de los conflictos en la educación se debe visionar desde el momento en que estalla la guerra, durante y después de la misma. Como consecuencias más importantes en la educación destacamos, los ataques al alumnado y al personal docente, la destrucción de las infraestructuras escolares, los efectos físicos y psicológicos y los refugiados.
Lamentablemente, la comunidad educativa se emplea como arma política en la consecución de los fines bélicos. En tiempos de guerra se produce un masivo abandono escolar. (Según UNICEF, se calcula que más de 100 millones de niños en edad escolar viven en zonas de conflicto. De ellos, 24 millones no van al colegio porque las escuelas están destruidas, porque ya no queda profesorado o por miedo a un posible ataque). Las familias tienen miedo de que sus hijos sean asesinados en las escuelas o de camino a ellas. Existe una pérdida importante de docentes debido a las amenazas que sufren y a los asesinatos. El miedo empuja a los maestros a renunciar a sus puestos de trabajo, incluso a huir del país. (Según un informe de Education Under Attack 2014, en Colombia entre el 2009 y el 2012, más de 140 maestros fueron asesinados y 1806 recibieron amenazas). Muchas escuelas son cerradas por el miedo y las que no, sufren un elevado absentismo por parte de profesores y alumnos. En cuanto a la calidad de la docencia, ésta se ve reducida debido a los ataques a las instituciones de educación superior, a la falta de actualización formativa y pedagógica del profesorado debido a que se restringe la investigación, se paraliza el avance del desarrollo de contenidos de la enseñanza, etc. Por consiguiente, se produce la desmotivación en los docentes y el poco interés de los jóvenes en formarse como futuros educadores.
Respecto al alumnado, los niños y jóvenes son el sector de la población más vulnerable. Los continuos ataques, la imposibilidad de acceder a un oportuno y adecuado tratamiento psicológico y los prolongados cierres de las escuelas provocan fracaso escolar, abandono y exclusión. La guerra les impide que puedan hacer una vida normal, que puedan ir al colegio, acceder a una educación digna y eso afecta a su futuro y a sus posibilidades de desarrollarse personal y profesionalmente. Muchos son secuestrados mientras estudian. Los convierten en soldados obligados a combatir. En un informe de UNICEF de 2020, el 37% de los secuestros verificados por Naciones Unidas tenían como objetivo el reclutamiento y la utilización de niños en la guerra. Estos casos superaron el 50% en Somalia, la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana. Las niñas, además, son víctimas de abusos sexuales. Un elevado número de jóvenes se quedan embarazadas, son obligadas a ser esposas de sus opresores y las convierten en esclavas sexuales. En definitiva, son olvidadas y excluidas de cualquier oportunidad laboral y de participación en la sociedad. Un dramático ejemplo es lo que ocurrió en Nigeria. El grupo terrorista Boko Haram, durante el 2012 y 2013, perpetró ataques y amenazas contra maestros y estudiantes para evitar que éstos asistiesen a escuelas no islámicas. Este grupo armado asesinó a más de 100 niños, más de 70 docentes, quemó más de 50 escuelas, obligó al cierre de otras 60 y forzó la expulsión de estudiantes de todas las escuelas de los estados de Adamawa, Borno, Yobe y Kaduna. En abril de 2014, secuestró a casi 300 alumnas de un instituto femenino en el nordeste de Nigeria. Muchas de ellas murieron en manos del grupo armado, algunas pudieron escapar y más de la mitad fueron víctimas del tráfico de personas, especialmente con fines sexuales. Los niños que viven en zonas en conflicto sufren horrores indecibles por los que ningún ser humano debería pasar.
Otro de los principales obstáculos para el acceso al derecho de la educación es el ataque y destrucción a las infraestructuras escolares. Es el efecto más visible durante y después de los conflictos. Muchos colegios y universidades se convierten en objetivo de los ataques. En Siria y Yemen, las escuelas son bombardeadas o se usan como base de reclutamiento para los grupos armados. La reconstrucción y/o rehabilitación de las escuelas se postergan y se alargan en el tiempo por causas económicas y por el ataque constante a las mismas. Pero una vez conseguida la reconstrucción y/o rehabilitación, el sistema educativo debe enfrentarse a otro problema importante y es restablecer los efectos producidos sobre la administración educativa. En la mayoría de casos, los sistemas educativos estatales no cuentan con capital económico y humano para restablecer sus servicios, ya sea contratar personal administrativo y docente adecuado, recuperar los sistemas de registro, etc.
Otra de las circunstancias importantes es la de los refugiados. Dentro de las movilidades forzosas a consecuencia de la guerra nos encontramos, por un lado los desplazados internos y por otro las personas refugiadas. Los desplazados internos son personas que han sido forzadas a huir de sus hogares desplazándose a otros lugares dentro del mismo país. Sin embargo, los refugiados huyen de conflictos armados o persecuciones cruzando fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos. Negarles el asilo puede traerles consecuencias mortales. La cifra de desplazados forzosos superó en 2020 el umbral de los 82,4 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). A diferencia de las personas desplazadas, las refugiadas cuentan con un marco jurídico internacional (la Convención sobre el Estatuto de los refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967) que protege sus derechos y establece las obligaciones de los Estados al respecto. Se obliga a los Estados a garantizar, entre otros derechos, la educación básica de la misma forma que a sus propios ciudadanos. A menudo, preservar este derecho no es fácil para muchos de los países de acogida debido a que existen importantes barreras económicas que no lo hacen posible, ni siquiera para su propia ciudadanía. No cuentan con las infraestructuras ni recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Por otro lado, cuando el acceso a la oferta educativa es posible, los niños se encuentran con otro inconveniente, el idioma. Deben aprender una lengua que no es la suya, lo que afecta a su proceso de aprendizaje y, además, perjudica a los alumnos de más edad por su dificultad para adaptarse a estas lenguas, convirtiéndose en un factor añadido al favorecimiento del abandono escolar.
A los países de acogida se les viene encima un aluvión de nuevos alumnos que excede la capacidad de sus escuelas, se ven en la necesidad de incrementar los recursos personales y materiales. Otros problemas son las diferencias curriculares y el alumnado con necesidades educativas especiales que sufren de alguna manera exclusión pues ni sus familias ni el sistema educativo del país de acogida pueden hacer frente a los requerimientos de adaptaciones curriculares o a las necesarias medidas de transportes adaptados. Esta situación también afecta al personal docente ya que necesitan formarse para poder afrontar su trabajo frente a nuevos alumnos que además de los obstáculos mencionados, en su mayoría, sufren estrés traumático y/o trastornos psicológicos por las malas experiencias vividas e incluso por las nuevas circunstancias. A todo esto, si le sumamos el hacinamiento en las aulas; la procedencia de sistemas educativos diferentes; diferencias culturales; etc., produce que haya un rechazo inicial al asilo. Son muchos los casos denunciados por abuso, discriminación y acoso escolar, con los refugiados extranjeros, por parte de docentes y alumnado.
LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA LA PAZ
La educación posee un enorme potencial pero, por sí misma, no es generadora de paz. Según sea utilizada puede ser un poderoso instrumento para justificar el uso de la violencia; para promover nacionalismos y patriotismos extremos, racismo, xenofobia, etc. En consecuencia, en algunas sociedades puede ser una potente herramienta para promover las desigualdades sociales, la violencia e incluso ser el detonante de las guerras mediante la manipulación de textos escolares y currículos; fomentando la cultura de la violencia, la discriminación, etc. De esto se deduce que la educación y, más concretamente, los sistemas educativos pueden ser una vía mediante la cual las sociedades pueden elegir entre generar las condiciones propicias para la violencia y el inicio de una guerra o, por el contrario, crear las condiciones necesarias para construir sociedades más justas y de convivencia democrática; que respeten los derechos humanos; que rechacen la cultura de la violencia y fomenten la paz.
La vulnerabilidad educativa no suele ser un tema visible en los análisis de los conflictos. Por ello, inexorablemente, hay que potenciar el reconocimiento de la importancia de la educación en tiempos de guerra, no sólo después, sino también durante el conflicto. Según UNICEF, la educación sigue siendo uno de los sectores menos financiados en los llamamientos humanitarios por lo que urge cambiar el modo de concebir la ayuda humanitaria y su tradicional método de reparto que no protege ni satisface, suficientemente, los derechos educativos de los niños que sufren o han sufrido una guerra. Jo Bourne, directora global de educación de UNICEF, denuncia que “si no se da prioridad a la educación en situaciones de emergencia, una generación de niños que viven en conflicto crecerá sin las habilidades necesarias para contribuir al desarrollo de sus países”.
Pero a pesar de que la repercusión de los conflictos armados en la educación se ha subestimado, progresivamente, la comunidad internacional avanza en el reconocimiento de la importancia de incrementar y proteger los derechos educativos incluso en situaciones bélicas. Prueba de ello es, entre otras, la creación de la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) que desarrolló, en 2004, las Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia elaboradas a partir de los principios y derechos establecidos en la Convención sobre los derechos del niño; el “Marco de Acción de Dákar sobre Educación para Todos (EPT)”; los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la “Carta Humanitaria del Proyecto Esfera”. También mencionar las “Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante los Conflictos Armados” adoptadas por varios Estados en diciembre de 2014.
El fin de las guerras puede parecer una utopía pero utilizando los instrumentos apropiados, gradualmente, dejaría de ser una realidad ficticia. La educación de calidad es una de las mejores “armas” para originar y consolidar la paz. Tiene la capacidad de hacer que este mundo sea un lugar mejor, donde la humanidad viva un presente y un futuro de manera pacífica.
“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Benito Juárez. (Presidente de México desde 1858 a 1872).
María Soledad Arroyo Zabas
FUENTES CONSULTADAS: UNICEF, UNESCO, El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional, UNHCR ACNUR, IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), EPT (Educación para Todos), INEE (Red Interinstitucional para la Educación de Emergencia).
