Un total de 250 profesores titulares y catedráticos de distintas universidades se encuentran pendiendo de un hilo. En 2012 consiguieron sus puestos de trabajo y en ese mismo año, el Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas impugnaron los nombramientos de quince universidades públicas porque estimaban que habían sobrepasado la tasa de reposición.

Luis Malvárez, catedrático de Derecho Fiscal y Tributario en la universidad de Huelva afirma que "no hay precedentes y no sabemos qué va a pasar, porque ni siquiera se contempla que cobremos el paro si dejamos de ser funcionarios”. Además afirma que su situación es “de absoluta incertidumbre pues no sabemos qué ocurrirá con las plazas que obtuvimos ni con las que ocupábamos anteriormente”.

Los rectores afirman que pasar de contratado doctor a profesor titular, o de este a catedrático es promoción interna y no debería computar en el 10% de reposición de plantilla. Hacienda por su parte, opina que el concurso estaba abierto a profesores de otras facultades y el claustro podría haber aumentado.

Uno de los afectados de la Universidad Pablo de Olavide ha afirmado que se “supone que la tasa de reposición juega sobre una plantilla que se ajusta a los mínimos legales, de personal docente e investigador funcionario y laboral, por lo que en universidades jóvenes como la mía, donde estos porcentajes, dada su juventud, no se han podido llegar a cumplir, la tasa de reposición no debería ser aplicada, puesto que no se ha llegado a la posición”.

Todos los afectados tienen entre treinta y sesenta años, y su futuro, si finalmente se ejecuta el fallo del Tribunal Supremo, es muy diverso y confuso. Como en cada comunidad la Abogacía del Estado ha planteado las impugnaciones de forma diferentes, los recursos del Supremo comenzarán a fallarse dentro de un año.