En tiempos de crisis y recortes es cuando más oímos hablar de la importancia de la educación y cuando menos recursos se destinan a ella. La educación es, como la innovación y el desarrollo, una inversión a futuro, una inversión para poder asegurarnos un futuro y un desarrollo digno. No obstante, la corriente de pensamiento predominante en estos tiempos insiste en considerar a la educación, y a la mayoría de los servicios sociales, un gasto que, por tanto, es necesario recortar.
Lo que a menudo se obvia en estos debates es que la educación es un derecho. Como todo derecho tiene sujetos propietarios de ese derecho y tiene también sujetos responsables de garantizarlo. Todas las personas son sujetas de este derecho y los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la educación. Desde hace años existe un consenso internacional firmado por la mayoría de los países del mundo en Tailandia en 1990 y en Senegal en 2000 para asegurar que todas las personas accedan a una educación básica, gratuita y de calidad para 2015. Posteriormente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados en el año 2000, reforzaron los compromisos de la Comunidad Internacional con la educación y la equidad para el 2015.
Estos compromisos surgen, en gran medida, porque en muchos lugares del mundo el derecho a la educación es vulnerado constantemente. En países de Asia y África ha sido debido a la falta de recursos presupuestarios destinados a los sectores sociales, en países de América Latina las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a lo largo de los años ochenta y noventa llevaron a un retroceso grave en garantizar el acceso a la educación y la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo. En la actualidad, medidas similares son las que se están aplicando en el entorno de la Europa mediterránea.