Tras el bloqueo por parte del Gobierno de las oposiciones andaluzas de secundaria, los aspirantes —33.154 personas se habían apuntado a las pruebas que se iban a celebrar en junio— solo ven dudas en su futuro inmediato. Se desconoce si se celebrarán las oposiciones en las que se inscribieron, cuándo podrían realizarse las pruebas y si saldrán a concurso las 2.389 plazas de secundaria y FP que tenía previsto ofertar la Junta de Andalucía antes de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas impugnara ante el Tribunal Constitucional la convocatoria. El Gobierno central ha argumentado que Andalucía ha incumplido las limitaciones presupuestarias impuestas a las comunidades a la hora de reponer a los funcionarios docentes.
La impugnación a través de la figura del conflicto positivo de competencias acarrea automáticamente la suspensión durante cinco meses de la convocatoria, como se recoge en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La vía elegida por el departamento de Cristóbal Montoro (la misma que se ha empleado en el conflicto por la subasta de medicamentos andaluza) hace imposible que este curso se puedan celebrar oposiciones docentes en la comunidad, al margen de que el Constitucional decida o no levantar la suspensión cautelar dentro de cinco meses.