A principios de esta semana se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y las comunidades autónomas ya están comenzando a pronunciarse acerca de los cambios que van a realizar en sus respectivas comunidades autónomas en esta ley. La primera en hablar ha sido la presidenta de Andalucía que ya ha anunciado que su administración mantendrá Educación para la Ciudadanía.

Esta asignatura ha sido el centro de foco de muchas discusiones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la enseñanza, en un primer momento fue implantada durante el gobierno socialista y en 2012, el ministro Wert suprimió algunos contenidos que consideraba controvertidos como las referencias a los prejuicios sexistas y homófobos, y finalmente ha sido suprimida por la LOMCE.

Pero aunque el gobierno central tiene la potestad para crear las asignaturas troncales, las comunidades autónomas disponen del margen en las denominadas materias específicas y de “libre configuración autonómica”. Lo que planea con esto Andalucía es crear una nueva asignatura autonómica para mantener la suprimida Educación para la Ciudadanía.

Mientras se estaba tramitando la reforma educativa, la Consejería de Educación de la Junta decidió convocará un grupo de 500 expertos para que buscaran rendijas que permitieran minimizar algunos aspectos de la LOMCE que el gobierno andaluz considera perjudiciales. Este grupo de expertos han elaborado un directamente con el mantenimiento de dicha asignatura justificando la importancia de la misma en la educación del alumnado.

La presidenta de Andalucía ha anunciado también su intención de que sea el profesorado funcionario el que aplique y a su vez califique las pruebas de evaluación final en los centros públicos. La presidenta ha querido reiterar también que la Junta no permitirá que, partiendo de esas evaluaciones externas, se establezcan clasificaciones de centros, algo que sí contempla la LOMCE.