La Junta de Andalucía, que cree que esta orden del Ministerio de Educación podría ser hasta recurrible, aunque avanza que no la recurrirá porque no quiere perjudicar a los opositores; también considera que, al tratarse de una medida "unilateral", tendrá que ser el Ministerio el que se haga "responsable de los perjuicios ocasionados" a los aspirantes que llevan meses preparándose para acceder a una de las 2.389 plazas convocadas en la comunidad.