Sebastián Cano, Viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, ha avisado de que dicha comunidad autónoma tiene pensado un “Plan A” para no aplicar la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).
Cano, ha anunciado que Andalucía no se encuentra de acuerdo con la aplicación del a LOMCE en las condiciones y términos en las que se encuentra ahora, pero como no depende únicamente de la comunidad autónoma, cuenta también con un Plan B para minimizar los efectos de dicha Ley educativa.
Este segundo plan consiste, según Cano, en reunir a varios expertos pertenecientes de distintas organizaciones sindicales, patronales, enseñanzas concertadas, asociaciones de profesores y padres en veinte grupos de trabajo que emitirán varios dictámenes que desembocarán directamente en el Consejo Escolar de Andalucía para su valoración y emisión.
Además de estas declaraciones, el Viceconsejero de Educación Andaluz ha mostrado su preocupación por el calendario que se ha establecido para la aprobación de dicha ley y su puesta en marcha. Esta ley permite que las comunidades autónomas establezcan distintos decretos, y Cano afirma que deben pasar unos cinco o seis meses desde la aprobación de la ley para que esto suceda, por lo que los plazos de la nueva ley educativa son inviables.
Dicha comunidad autónoma se encuentra en contra de la propuesta de la ley tal y como está estructurada en este momento y piden al ministro de Educación José Ignacio Wert, que escuche a los comparecientes de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y congele el avance de la nueva ley hasta que llegue a un consenso y cuente con la aprobación de las diferentes comunidades autónomas y de los distintos miembros que forma la comunidad educativa para que “pueda cristalizar una ley que tenga futuro, el respaldo de la mayoría de la sociedad española y sirva para seguir mejorando la educación y no para dar marcha atrás”.
Además de Andalucía, distintas comunidades autónomas como son Cataluña, Canarias o Asturias, han mostrado su desacuerdo en la implantación de la LOMCE ya que los nuevos cambios deben contar con las opiniones de distintos expertos de la educación y muestran su desconfianza e incluso su rechazo antes estos cambios. Desde distintas comunidades autónomas, se afirma que son necesarios algunos cambios en la educación española pero no un cambio tan radical como el que se va a producir con esta ley, y mucho menos si esa ley no favorece la equidad y la igualdad de oportunidades, aspectos que no recoge la LOMCE.