El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la queja que, acompañada de 40.000 firmas, ha sido presentada por una representación del colectivo de padres de alumnos que cursan estudios en los doce centros de educación diferenciada por sexo en Andalucía, que se han reunido con éste para solicitarle su intermediación ante la intención de la Junta de no renovar el concierto basándose en las recientes sentencias del Tribunal Supremo. Chamizo ha indicado a Europa Press que la institución que encabeza va a iniciar gestiones al respecto con la Consejería de Educación, a la que preguntará por la "aparente contradicción" existente entre los fallos del Supremo y la nueva ley educativa, de pronta aplicación, "donde sí se contempla la posibilidad de amparar este tipo de enseñanza a jóvenes del mismo sexo". Vamos a esperar a ver el informe de la Consejería y, en función de lo que se diga, estudiaremos las recomendaciones oportunas", ha explicado el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recalcado la existencia de la "libre" elección del modelo de enseñanza, "un hándicap en todo este asunto". Chamizo entiende que será "difícil" contar con margen de maniobra suficiente en lo que respecta a la actual etapa de renovación de conciertos, puesto que probablemente la administración autonómica se amparará en las resoluciones judiciales. Sin embargo, ha advertido de que muchos padres tendrían que sacar a sus hijos de estos colegios al no contar con recursos suficientes para el pago, ya que "no son gente de dinero", con lo cual "habría discriminación".