La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos, reconocida como asignatura esencial por el Comité de ministros del Consejo de la Unión Europea, ya que defienden que promueve una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye, junto a las demás actividades de la organización, a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, Derechos Humanos y Estado de Derecho que constituyen los fundamentos de la democracia.

  Define el Comité de ministros (2002) “La Educación para la Ciudadanía Democrática es un factor de cohesión social, de comprensión mutua, de diálogo intercultural e interreligioso y de solidaridad que contribuye a promover el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres, y que favorece el establecimiento de relaciones armoniosas y pacíficas con los pueblos y entre ellos, así como la defensa y el desarrollo de la sociedad y la cultura democrática”.

  Tal que así, el último informe ‘Citizenship Education in Europe’ publicado por Eurydice en mayo 2012, en el que se aprecia que la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos alcanzaba un alto nivel de extensiónen los últimos años, ganando importancia en los currículos nacionales de toda Europa.

  Efectivamente, todos los países enfatizaban en sus documentos oficiales la importancia de la adquisición de las competencias social y ciudadana, y eso afectaba a todas las etapas educativas. Dicha asignatura debía tratar el conocimiento y comprensión del sistema socio-político del país, los derechos humanos y los valores democráticos, así como la equidad y la justicia. No obstante, la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos no se centraba exclusivamente en el contexto nacional, sino que la dimensión europea e internacional también jugaría un papel importante.

  En 2006 el Gobierno español propone, y las Cortes Generales aprueban, la Ley Orgánica de Educación (LOE) por la que se incorporan al sistema educativo español como convención curricular, además de su dimensión transversal, las recomendaciones y acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Europa, mediante la creación de la asignatura denominada ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos’, donde su finalidad era la de ofrecer a todos los/as estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, los principios y derechos establecidos en la Constitución Española y en los tratados y declaraciones universales de los Derechos Humanos, y los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global.

  Automáticamente, después de la publicación de la Ley educativa, se producía un amplio debate sobre la finalidad de la asignatura a manos del Partido Popular, grupos conservadores y eclesiástica católica, colectivos que argumentaban que los poderes públicos no están legitimados para intervenir en una cuestión que afecta a la educación moral del alumnado, cuestión que compete a las familias, además de afirmar que el Estado debe estar vacío de valores éticos y muchísimo menos que ese Estado los imparta como obligatorios. Eran contundentes a la hora de afirmar que esa asignatura conllevaba un adoctrinamiento imponiendo la educación en la llamada “teoría de género” y el “relativismo ético” y entrometiéndose en cuestiones que no competen a la educación pública.

  Por ello, ante la modificación de la LOE por el Partido Popular con La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se procede a eliminar:

• Asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” en Educación Primaria.
• Asignatura de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” establecida en la LOE (2006) para uno de los tres primeros cursos de a etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
• Asignatura de “Educación Ético-Cívica” en 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
• Asignatura “Filosofía y Ciudadanía” en 1º de Bachillerato.

  Con esta nueva ley educativa, se vuelve a abrir un amplio debate sobre su naturaleza conservadora y radicalismo, llevando a cabo la supresión de dicha asignatura entre otros múltiples cambios. Ante esto, el ministro de educación José Ignacio Wert afirmaba que la asignatura de Educación para la Ciudadanía había estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y ha creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo, yendo más allá de lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa.

   Ante esto, determinados colectivos, entre los que se destacan un gran número de organizaciones españolas entre las que resaltan varias organizaciones progresistas, además de asociaciones por la defensa de la libertad, etc, una denuncia ante los altos órganos representativos del Consejo de Europa, presentando su oposición ante la modificación y alejamiento del modelo educativo impulsado años atrás, defendiendo que esto supone no mantener un carácter transversal y una potenciación de la competencia social y ciudadana por parte de los alumnos. Ponen así en relevancia el gran distanciamiento existente que impide llegar a consenso por el bien de la ciudadanía española.

  Ahora bien, debemos tener en cuenta que se mantiene constantemente un “tira y afloja” entre las diferentes ideologías con respecto a las continuas reformas educativas, nunca llegando a aunar objetivos por el bien de Sistema Educativo español, planteándose así serios déficits para el mismo, dónde sólo se presentan diferentes perspectivas para ver una única verdad.