Los principales sindicatos y organizaciones de centros educativos privados concertados coinciden en que el sector está al borde de la quiebra técnica debido a los recortes de las condiciones de la enseñanza y de la financiación pública y al retraso de las administraciones en el pago.

    Los ha atribuido en gran parte al decreto-ley que permite aumentar el número máximo de alumnos por aula y la carga lectiva del profesorado y al que reduce en 2012 el módulo económico de concierto y retroactivamente y sin compensación, según los sindicatos, los salarios de personal de la educación concertada.

     El aumento de la capacidad de las aulas hasta un 20%, según decida cada comunidad, esta sirviendo a muchas administraciones para eliminar unidades concertadas, o tienen que atender más estudiantes con menos medios.

    El vicepresidente CECE, Francisco José Flores, no ha descartado que algún centro educativo entre en concurso de acreedores si se prolongan de forma indefinida la situación de no abono de gastos de funcionamiento y si no se paga a los proveedores, aunque ha dudado que llegase a cerrar porque para ellos prevalece el derecho a la educación. Las organizaciones reclaman al Ministerio una reunión urgente de la mesa sectorial para analizar los efectos y la reversión de las medidas en cuanto sea posible.